Integrantes de la comunidad académica y científica del país, analistas, así como legisladores federales de distintos partidos políticos, coincidieron en la necesidad de poner un freno a los embates del gobierno de México hacia las instituciones educativas y centros de investigación públicos del país para garantizar la pluralidad del pensamiento y la libertad de cátedra.
Al participar en el foro “Ciencia y Educación Superior en México: Momento Crítico”, realizado en el Senado, el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara, Mauricio Merino, consideró que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia se ha menospreciado y estigmatizado el trabajo de la comunidad académica de México.
Además, dijo que el Conacyt confunde lo público con lo gubernamental y por ello cree que los investigadores deben obedecer la agenda dictada por el gobierno.
De la misma manera, pidió detener el proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el cual pretende establecer que sea el Estado quien fije la agenda para toda investigación científica en México y que el Conacyt fije los criterios de investigación, docencia y evaluación en cada uno de los centros, dejando fuera de la toma de decisiones a la comunidad académica.
“Nadie puede nulificar el pensamiento crítico, nadie. La fantasía descrita por Orwell en 1984 no tiene cabida en 2022. Esta comunidad es tenaz, es persistente, no es libre, es libérrima, podrán decir ustedes que es desobediente y terca, pero al final quien quiera establecer estos mecanismos de control, no habrá logrado sino expulsar la inteligencia de las universidades públicas y de los centros públicos de investigación”, señaló.
Recordó que el pensamiento crítico seguirá vivo en muchos espacios incluso, dijo, tras las rejas y lanzó tres peticiones a los legisladores del país:
El primero, no permitir que el trabajo académico se juzgue por la afiliación política de quien lo hace, sino que se juzgue el trabajo intelectual por su calidad, sus aportaciones al conocimiento, su evidencia o su método.
El segundo, explicó, que no se imponga un sistema de subordinación y control político ideológico sobre las agendas de investigación y que no se permita que haya una agenda única dictada por la obediencia al poder.
Y el tercero, que no convaliden la consolidación de un régimen excluyente y vertical que anule la pluralidad del pensamiento en las instituciones públicas.
En tanto, en la mesa “La autonomía universidad, la libertad académica y el sometimiento de los Centros Públicos de Investigación”, la profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Lorena Ruano, consideró que la asfixia presupuestal y la austeridad han hecho que la remuneración en esta institución educativa ya no sea competitiva frente a otras universidades del país.
Además, afirmó que están detenidos casi todos los programas de educación continua, los proyectos de financiamiento externo y los estímulos por publicaciones.
Asimismo, alertó que desde diciembre a la fecha al menos 20 integrantes de la comunidad académica se han ido, jubilado, pedido licencia o buscado refugio en otras instituciones, por lo que el CIDE está perdiendo talento de calidad en un ritmo acelerado.
Durante la ceremonia de inauguración del foro, convocado por el senador suplente y presidente de la comisión de Vinculación Universitaria y Tecnológica de Movimiento Ciudadano, José Alberto Galarza, dijo que gran parte de las universidades públicas del país están prácticamente en quiebra técnica, lo que se suma a la persecución de la Fiscalía General de la República (FGR) a integrantes de la comunidad científica.