CNDH defiende mecanismos de protección a periodistas; llama a estados a cumplir responsabilidades

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, y sostuvo que las agresiones contra comunicadores y protectores de derechos humanos responde a que los estados y municipio no están haciendo lo que les corresponde.

En el estudio diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, publicado el lunes, los integrantes de la Comisión advierten que la protección a periodistas es tarea de todos, por lo que además de reformar el mecanismo, se requieren nuevas estrategias que involucren a todos los niveles de gobierno, a través de una nueva ley que debe surgir desde el Congreso de la Unión.

«No basta con reforzar el Mecanismo en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho. Algo que no se hizo en 2012, y que hoy es necesario poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos», señala el informe.

El organismo autónomo, dirigido por Rosario Piedra, señala que lo anterior se puede lograr mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno que pase de solo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: «prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, revisando todo el contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas».

El documento, elaborado por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, recuerda que el Mecanismo fue una de las principales recomendaciones formuladas por los relatores especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2010,

«en un contexto político muy claro donde se sabía a ciencia cierta la persecución y espionaje que el gobierno mexicano realizaba contra medios, periodistas, opositores y personas defensoras de derechos humanos, como fue el caso de la contratación del sistema de espionaje telefónico Pegasus de NSO Group, adquirido por Tomás Zerón de Lucio cuando fungía como Director de la Agencia de Investigación Criminal para uso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)».

Se destaca que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, se registraron 49 homicidios de periodistas y 94 defensores de derechos humanos asesinados, «mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores».

También señala que en el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, «cifra que convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente».

La CNDH advierte que si bien, es bueno ofrecerles a las personas periodistas y defensoras amenazadas medidas de protección, guardias de protección, un botón de pánico, etcétera, «lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad».

Al analizar los informes públicos elaborados por Observatorios y Organizaciones No Gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, la CNDH encontró que se habla de “limitaciones a la libertad de expresión en México”, pero que no se han desarrollado criterios para medirlas, ni mapas de agresiones que permitan identificar sus causas y tampoco esquemas de recomendaciones que ayuden a explicar y atender la violencia en perjuicio de personas que ejercen la libertad de expresión.

«Simplemente se suman números de manera sesgada, incluso a veces para aparentar escenarios muy convenientes a la narrativa de ciertas facciones o grupos políticos», sostiene.

Por lo que respecta al Mecanismo, señala que, si bien es verdad que hay un número importante de personas asesinadas que contaban con medidas de protección, también lo es que, en 10 años de existencia de mil 478 personas beneficiarias en todo el país, el número de asesinados beneficiados con el Mecanismo asciende a 10.

«Con estos elementos, la CNDH considera necesario que los municipios y entidades federativas asuman sus obligaciones que con base en la Constitución y en los Tratados Internacionales les corresponden. En suma, no basta con que el Mecanismo de Protección se reforme en su funcionamiento, incluso elevando su presupuesto, si las condiciones estructurales que permiten que personas periodistas y defensoras sean amenazadas persisten», concluye.