Crecen en la administración de Carlos Joaquín amenazas periodistas y defensores de los derechos humanos

La administración de Carlos Joaquín González, cerrará con una tendencia al alza en lo que refiere a las solicitudes de defensores de derechos humanos y periodistas para integrarse al mecanismo de protección federal, admitió Elías Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de Quintana Roo.

Prado Laguardia, indicó que al último corte un total de 65 personas han solicitado entrar a este mecanismo federal en especial por el temor hacia sus vidas por la actividad que realizan 55 de ellos periodistas y 10 defensores de los derechos humanos.

Mencionó que para ello es la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas la que tiene las facultades y posibilidades de realizar los análisis de riesgo; además de que mediante la Junta de gobierno del mecanismo federal, es donde se decide la situación y la protección que se les brindará.

Indicó que el mecanismo federal está trabajando, aunque consideró se va hacia un cambio en la ley creándose así una Ley General de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por lo cual aseguró la sub secretaria del gobierno local trabaja para estar en los tiempos de darse esto.

“Cambiará muchas cosas en la forma de actuar por que ahorita tenemos un ente principal que es la Federación con una junta de gobierno que nosotros no tenemos y no podemos crear” destacó.

Detalló que cuando un defensor de derechos humanos o un periodista solicita protección es porque está en peligros sus vidas por la nota que escriben y “el peligro yo lo siento y lo escucho he hablado con muchos de ellos y se escucha en seguida el temor que ellos tienen” y cuando es así el mecanismo los cataloga como extraordinarios y los “extrae” antes de que pasen a la junta de gobierno.

Señaló que la ley local ha quedado estancada en el Congreso local, pero del lado Federal lo que se ha hecho son mesas de trabajo recogiendo la opinión de los defensores de derechos humanos y periodistas y de las mismas autoridades de gobierno juntando una lluvia de ideas que significaría una ley general, que obligaría a los estados a hacer lo propio de manera estatal lo cual no sucede en estos momentos.

“Permitiría trabajar de otra forma tendría que haber una inversión fuerte para ese tema” concluyó

Vía:PQ