So argumento de riesgo de COVID-19, por segundo año consecutivo el Día Internacional del Policía pasó desapercibido.
En consecuencia, las condiciones laborales de los agentes preventivos se deprecian todavía más.
La inconformidad es generalizada por las irregularidades, pero el temor a represalias impide haya algún pronunciamiento.
El estado de fuerza de la Policía Quintana Roo es de cinco mil 446 elementos cuya función, en teoría, es brindar seguridad a un millón 857 mil 985 habitantes.
Según el Centro Estatal de Control y Confianza (C-3), el 99 por ciento fue evaluado. El uno por ciento está pendiente. El 87 por ciento aprobó los exámenes de confiabilidad y el 11 por ciento resultó no apto.
Del estado de fuerza hay un grupo, entre ministeriales, estatales y municipales, “comisionado” a la Ayudantía del Gobierno del Estado. El número no es de dominio público por “seguridad” del Ejecutivo Estatal.
En el 2021 no hubo celebración del Día Internacional del Policía. Lo mismo ocurrió en el presente.
La pandemia por COVID-19 fue el principal argumento de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP). La complicada situación económica que enfrenta el Estado es el segundo.
Asimismo, se desconoce si hubo asensos entre el personal.
Y es que desde el inicio de la presente administración estatal la Seguridad Pública es de los rubros prioritarios para el Gobierno del Estado, según lo plasmado en los presupuestos, pero no se refleja en el fortalecimiento de la institución y condiciones laborales de los agentes preventivos.
El fracaso de la instrumentación del Mando Policial Homologado, mejor conocido como “Mando Único”, todavía es reclamado por ayuntamientos y elementos, pues no sirvió para lo prometido.
Los agentes destacamentados en las bases de Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, así como de la Policía Rural Estatal (PRE) todavía no reciben el pago de “viáticos” desde hace más de tres meses.
A los aproximadamente 300 agentes que envían de apoyo a la Zona Norte se les debe pagar tres mil 900 pesos por mes. A los de la PRE, dos mil 670.
Como medida para “justificar” el pago no realizado, a un grupo de policías se les obligó a firmar “por adelantado” los recibos correspondientes, con la mentira que sería para “agilizar el trámite de liberación de recursos” por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Por eso es imposible erradicar la corrupción y nexos con grupos delictivos al interior de la corporación.