El nuevo muelle de Cozumel, otro proyecto prioritario de AMLO, en problemas

A poco más de 80 kilómetros de distancia del Tren Maya, en el Caribe mexicano, se alista otro proyecto prioritario para el presidente Andrés Manuel López Obrador que –al igual que la obra estrella del sureste– ha generado polémica por inconsistencias en los permisos de construcción, que podrían frenar definitivamente su desarrollo, y porque ambientalistas alertan que afectaría zonas donde habitan especies en protección y arrecifes de corales.

El proyecto del cuarto muelle para cruceros de Cozumel , Quintana Roo, con una inversión de 58 millones 617,023 pesos, registra irregularidades en su planeación y aprobación por parte de autoridades federales, pues no solo se pretende realizar en un área donde se prohíbe la construcción cimentada y las actividades de lucro, sino que se omitieron detalles de la concesión que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado, al tiempo que la dependencia ignoró los impactos ambientales y zonas de protección declaradas por la misma.

En octubre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el presidente López Obrador, en conjunto con la iniciativa privada, presentó una batería de proyectos estratégicos para la reactivación económica. Se trata de 39 obras en el sector de Comunicaciones y Transportes, Energía y Medio Ambiente, que en conjunto sumarían casi 300,000 millones de pesos y que generarían empleos y bienestar para la población, además de dar un impulso para el turismo, entre ellos el cuarto muelle.

Un año y medio después, la obra está en pausa hasta que la jueza Pamela López Swain, juez tercero de distrito en Cancún, resuelva las inconsistencias en el título de concesión, en manos de Muelles del Caribe, empresa encargada de la construcción, que se había otorgado antes a un particular para un uso distinto al que se requiere. Si bien la solicitud de cambio de derechos ya se aprobó, se hizo después de que se avalara el proyecto, por lo que incumple las obligaciones que otorgó la Semarnat en un principio, razón con la que podría ser revocado.

Las irregularidades en el título de concesión El 30 de noviembre de 2018, la misma Semarnat fue quien otorgó un título de concesión por 15 años que daba derecho a Daniel Fidelio Peraza Marfil de usar, ocupar y aprovechar la superficie de 1,144.3 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Avenida Rafael E. Melgar, en el centro hotelero de Cozumel, exclusivamente para uso de ornato, es decir, para instalar a lo mucho sombrillas y camastros para recreación y sin fines de lucro, como consta en el expediente 673/QROO/2018 emitido por la dependencia.

En ese documento , se establece que el concesionario debe abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de construcción y de llevar a cabo actividades relacionadas con la superficie concesionada que le genere ingresos directa o indirectamente o por conducto de terceros.

Contrario a ello, Muelles del Caribe planea construir en este mismo punto el más grande muelle para cruceros de Quintana Roo, el cuarto que habrá en Cozumel, el destino turístico al que ya llegan más cruceros en el mundo. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, en el sitio referido se planea construir una plataforma de concreto tipo muelle, la cual estará apoyada sobre pilotes con acabados en madera, donde habrá elevador, una escalera peatonal y tres escaleras eléctricas que conducirán hacia un puente peatonal.

No obstante, la empresa falseó información al promover el proyecto de MIA sin contar con el título de concesión, el cual es un requisito indispensable. En la página 6 de la solicitud se lee: “es importante mencionar que el proyecto cuenta con la Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre Expediente 673/QROO/2018 con una superficie de 1,144.3856 m²”. Fue el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) el organismo que detectó la falsedad en la información.

“La empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. no cuenta con el título de concesión correspondiente a la zona federal que desean intervenir. Este título pertenece a un particular, por lo que la afirmación anterior es falsa, o por lo menos es necesario consultar con un área jurídica dentro de la Secretaría para aclarar este punto ‘, señaló el INECC en un documento .

La acción puede atraer problemas legales y la revocación el permiso. De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental establece que, en caso de falsear información, los promoventes de las MIAs pueden ser sancionados con la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes emitidas por la Semarnat .