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Empresa energética amenaza con demandar a México por 667 millones de dólares

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La terminal de almacenamiento de Monterra, en el puerto veracruzano de Tuxpan, fue cerrada en septiembre pasado, hace más de cinco meses. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) adujo que la empresa no tenía los permisos en regla. En la notificación de Monterra al Gobierno mexicano se acusa a la CRE de llevar a cabo “una serie de inspecciones impostoras en busca de un pretexto para cerrar las operaciones”, según cita The Wall Street Journal.

La empresa, creada en 2014 y con sede en Houston (Texas), obtuvo en 2018 un permiso de 30 años de la CRE para almacenar gasolinas y productos petrolíferos de terceros. El proyecto preveía una inversión de 2.891 millones de pesos. La petrolera española Repsol, uno de sus clientes, tenía planeado almacenar en las instalaciones de Monterra hasta 450.000 barriles de petróleo con los que suministrar su red de estaciones de servicio en México.

La notificación al Gobierno mexicano sobre la intención de la empresa de llevar el caso ante un tribunal de arbitraje se ha realizado al amparo del TMEC con EE UU y Canadá y su predecesor, el TLCAN, que todavía protege las inversiones norteamericanas. La empresa confía en llegar a una solución con el Ejecutivo en los próximos tres meses que permita reabrir la terminal y evite el arbitraje. El laudo de un panel puede demorarse varios años pero es inapelable.

La decisión de Monterra se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y las empresas energéticas, a las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado de “saqueo”. El año pasado, el Ejecutivo impulsó una reforma a la ley que regula el sector de los hidrocarburos para facilitar la suspensión “temporal” de permisos a empresas privadas en caso de “peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética, y la economía nacional”. Las compañías respondieron presentando una batería de amparos ante los tribunales.

Desde entonces, el clima se ha caldeado aún más. El Ejecutivo ha propuesto una reforma constitucional que plantea cancelar todos los contratos con las empresas del sector eléctrico y renegociar las condiciones. De ser aprobada, el Estado mexicano se enfrentaría a reclamos potenciales en tribunales de arbitraje por entre 60.000 y 120.000 millones de dólares, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La CRE, el organismo supuestamente autónomo que cerró la terminal de almacenamiento de Monterra, ha sido acusada de alinearse con las políticas del Gobierno federal. Recientemente, la institución paralizó la operación de una planta de ciclo combinado de Iberdrola en Monterrey al denegarle la renovación de un permiso de interconexión a la red. La multinacional española ha presentado una demanda de amparo frente a la medida

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