Inconformidad por tramo 5 sur del Tren Maya llega a la CCA

Ciudad de México. La inconformidad por el presunto incumplimiento de la legislación ambiental por parte del gobierno en el tramo 5 sur del Tren Maya ya escaló al T-MEC.

Seis organizaciones y 19 ciudadanos presentaron una petición de investigación ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con base en el capítulo 24 del tratado, informó este organismo.

Indicó que las organizaciones Moce Yax Cuxtal, Grupo Gema del Mayab, Jaguar Wild Center, Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos y diecinueve personas presentaron la petición bajo el argumento de que “México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos ambientales asociados” al proyecto en el tramo que va de Playa del carmen a Tulum, en Quintana Roo.

El Secretariado de la CCA cuenta con treinta días para examinar la petición y determinar si ésta satisface los requisitos establecidos en el artículo 24.

Las organizaciones en la petición señalan que el proyecto no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental adecuado, como se requiere para este tipo de proyectos de infraestructura, ya que no se cumplió con el carácter preventivo, y debió presentarse antes de que comenzaran las obras.

“No se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales”, indican en la petición. También señalan que “los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados porque no consideran la fragilidad del karst y del suelo de la península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como de accidentes durante el transporte del combustible”.

Entre las legislaciones que consideran que no se cumplieron mencionan la Constitución de México, el Acuerdo de Escazú, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.