Insuficiencia presupuestal ‘mató’ revocación de mandato; será como consulta popular

La insuficiencia presupuestal llevó a que varios de los lineamientos por los que fue creada la Ley Federal de Revocación de Mandato terminaran en letra muerta. La votación del próximo 10 de abril, para decidir por primera vez en la historia si el Presidente de la República puede o no seguir en su cargo, no será como una elección federal, no habrá más de 161 mil casillas para participar, quienes estén en tránsito tendrán sólo un lugar como opción y el despliegue será reducido.

El procedimiento será similar al de la consulta popular | Octavio Hoyos© Proporcionado por Milenio El procedimiento será similar al de la consulta popular | Octavio Hoyos
Lo que se creó para evitar que se repitieran las mismas limitantes que en la consulta popular del pasado 1 de agosto, se repetirán en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de más de mil 738 millones de pesos.

La primera exigencia legal que no se cumplirá es la instalación de más de 161 mil casillas, finalmente, igual que en la consulta popular se instalarán 57 mil 77 lo que implicará que las mesas de la votación estén más alejadas y las personas que quieran participar tendrán que recorrer distancias más largas para votar.

Una de las esencias de la ley era evitar las quejas sobre la falta de casillas especiales, por las que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo participar en agosto del año pasado, por estar de gira en Nayarit.

Si se siguieran los lineamientos de la ley, en la más reciente elección de 2021 se instalaron 875 casillas, ahora sólo se colocará una por cada uno de los 300 distritos electorales en todo el país, con lo que el número total de lugares para votar llegará a 57 mil 377, es decir, 104 mil menos de las que se esperaban.

Para definir la distribución de las mesas de votación, se usarán de base los mismos lugares que en la consulta popular y volverán a tomarse en cuenta las unidades territoriales que se conformaron para la consulta popular.

Cada casilla contará con dos mil boletas para el mismo número de votantes con la posibilidad de ampliarse a un 10 por ciento, con excepción de las casillas especiales que contarán sólo con dos mil boletas

La ley establece que las boletas para votar serán con las medidas de seguridad que el Consejo General del INE determine, y que al tratarse de una “elección federal al revés”, como llegaron a considerarla varios consejeros, el año pasado se previó que contara con los mismos candados y papel seguridad que una elección, sin embargo, por los altos costos, serán papeletas bond con candados de seguridad como en la consulta popular.

La impresión de boletas costará 49.1 millones de pesos y comenzará el próximo 18 de febrero. Hasta este momento, Talleres Gráficos de México de la Secretaría de Gobernación no ha dado respuesta al INE sobre la petición de que se preste este servicio o haya una disminución de costos.

A diferencia de la consulta popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los partidos políticos tengan representantes en las casillas, a diferencia del 1 de agosto cuando no pudieron hacerlo. La Corte también decidió que las fuerzas políticas no pueden promover la revocación de mandato y ésta será una facultad exclusiva del INE.

Las restricciones de propaganda gubernamental comenzaron desde el pasado viernes por la tarde, en cuanto fue emitida la convocatoria y se aplicarán hasta el 10 de abril, por lo que tanto el Presidente de la República como cualquier otro funcionario federal tienen prohibido difundir logros de gobierno, con excepción de aquellas relacionadas con temas educativos, de salud o protección civil.

La revocación de mandato costará mil 567.4 millones de pesos. El costo inicial presupuestado fue de tres mil 830 millones de pesos, se redujeron costos por 524 millones de pesos y los mil 738.9 millones de pesos restantes los solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero rechazó entregarlos.

En la votación del 10 de abril deberá participar el 40 por ciento de la Lista Nominal de Electores. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá emitir la declaratoria de validez una vez que resuelva impugnaciones, notificarlo al INE, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Presidente de la República, quien deberá en ese momento, acatar continuar en el cargo o darse por destituido, según los resultados finales.