Lozoya al banquillo: presentan cargos finales en su contra por Agronitrogenados y Odebrecht

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, será llevado hoy ante un juez federal para la presentación de las acusaciones y cargos finales en su contra por los casos Agronitrogenados y Odebrecht. Se trata del arranque de una serie de audiencias clave, pues en ellas se expondrán las pruebas de ambos casos. Para Lozoya, además, será la última oportunidad de lograr un acuerdo que le permita evitar el juicio.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya le ha adelantado por escrito al juez federal, Artemio Zúñiga, que considera que el exfuncionario es culpable de haberse beneficiado con el pago de más de diez millones de dólares en sobornos. Le ha pedido que sea declarado culpable, y se le impongan casi seis décadas de cárcel. Los abogados de Lozoya, por su parte, han preferido esperar a las sesiones para fijar un posicionamiento.

Estas audiencias denominadas intermedias arrancan hoy a las 11 horas en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. Se abordará primero el caso asentado en la causa penal 211/2019, correspondiente a los presuntos pagos ilegales que la compañía Altos Hornos realizó en favor de Lozoya para que este operara desde Pemex la compra, con sobreprecios, de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Veracruz. Una compra que dejó pérdidas a la empresa del Estado superiores a los 200 millones de dólares. El delito que se le imputa es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La audiencia, de acuerdo con lo que marca el código nacional de procedimientos penales, arrancará con la explicación oral de la acusación ante el juez por parte de la fiscalía y los resultados finales de su investigación. Luego será el turno de los abogados de Lozoya, Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, para fijar su teoría de caso y posicionamiento.

En caso de que exista un acuerdo entre las partes para evitar llegar al juicio, será este el momento en que deberá ser expuesto. Lo que Lozoya ha intentado negociar en el caso Agronitrogenados es un acuerdo reparatorio, que consiste en entregar recursos suficientes a la víctima (en este caso Pemex) ara considerar que el daño ha sido reparado, y con ello se dé por concluido o al menos suspendido el proceso. Es un acuerdo que ya logró Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, quien se comprometió a pagar más de 200 millones de dólares a plazos en un periodo de dos años.

Otra opción para Lozoya es declararse culpable y renunciar a su derecho a ir a juicio. El beneficio es que se le impondría una pena mínima sumado a una reducción extra por reconocer voluntariamente su responsabilidad. A esto se le llama “procedimiento abreviado”, y se requiere que tanto la Fiscalía como Pemex estén de acuerdo.

Si no hay ningún tipo de acuerdo la audiencia prosigue con la presentación de las pruebas de cada una de las partes. El juez conducirá la sesión y los debates para acordar qué pruebas son válidas, cuáles no lo son, y cuáles ya se dan por sentadas entre ambos lados para simplificar el procedimiento del eventual juicio.

Se trata de un procedimiento que expertos penalistas consultados por este medio consideran sumamente técnico pero vital, pues son solo las pruebas que el juez avala las que podrán ser usadas por las partes en el juicio, con la finalidad de sostener la teoría del caso de cada una de las partes. Esta fase podría extenderse por varias horas o incluso días, dependiendo de la complejidad de las pruebas que se presenten y de cuánto se extienda el debate en torno a las mismas.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía, en la indagatoria se han logrado reunir más de 35 datos de prueba distintos, entre peritajes, testimonios y diversos documentos que probarían la participación de Lozoya en la recepción e inversión de los recursos canalizados por Altos Hornos.

Una vez concluido el debate de las pruebas, la audiencia intermedia concluirá con el dictado del juez Artemio Zúñiga del auto de apertura de juicio oral, que en términos simples es dar luz verde para que un tribunal de enjuiciamiento, con otro juez o jueces distintos, programe el juicio oral dentro de un plazo no mayor a dos meses.