Moto repartidores exigen nuevamente la modificación de la Ley de Movilidad para regular el servicio

CHETUMAL.- Aunque parece que a las autoridades no les importan los amparos porque son contra las instituciones y ellos ya se van, vamos a recurrir a la justicia federal para protestar por la decisión del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) de aplicar un cobro a moto repartidores, anticipó el representante legal de las diferentes organizaciones, José Malo Ruvalcaba.

Aclaró que, para evitar ser sancionados y detenidos, los integrantes de la alianza “Unión y Fuerza” -conformada por las diferentes organizaciones de repartidores diligencieros y similares del estado de Quintana Roo- pagarán el monto anunciado aún cuando están en desacuerdo por la medida ambigua e interpretativa por parte del Imoveqroo al aplicar el cobro a un servicio que no se encuentra contemplado ni regulado en la Ley de Movilidad.

En conferencia de prensa, acompañado del secretario general del Sindicato de Volqueteros Caja Roja, Antonio González Notario, recordó que el Imoveqroo se refirió a un descuento de 3 mil pesos a monto total de 4 mil que se pretende cobrar en forma anual “quedando supuestamente en una consideración de mil pesos para el 2022”.

Sin embargo, explicó que estos cobros, de acuerdo con los artículos 86 fracción II y 89 de la Ley de Movilidad hacen referencia al servicio de transporte de carga y que está modalidad y autorización correspondiente opera para vehículos cuya capacidad rebasa los 750 kilogramos.

Malo Ruvalcaba reiteró que en ningún momento los moto repartidores se han negado a pagar una regulación justa y necesaria para identificar a quienes pertenecen al sector pero sí manifiestan su rechazo a la postura ambigüedad del Imoveqroo de aplicar el cobro, primero como pago y después como cuota de recuperación.

Afirmó que hasta el momento el Instituto de Movilidad mantiene una actitud cerrada para atender las propuestas de los moto repartidores y que todo lo que saben ha sido a través de los medios de comunicaron.

Reiteró que en ningún artículo la Ley de Movilidad contempla el cobro para el otorgamiento de un permiso para poder operar en el Estado por lo que no se puede implementar un cobro, cuota o tributación económica para este tipo de servicio.

El representante legal de los moto repartidores manifestó su confianza en que la iniciativa ciudadana que presentaron a la XVI Legislatura para ser regulados avance y sea aprobada antes que termine esta legislatura. (Noticaribe)