Reforma necesaria, privados se amparan ante cambios a leyes: CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó ajustes a las regulaciones que rigen al sector eléctrico, pero solo obtuvo 4 mil 250 amparos por parte de cámaras empresariales, asociaciones de energía, empresas privadas nacionales y extranjeras, y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por lo cual se vuelve necesaria la Reforma Constitucional.

Diputados alistan calendario de parlamento abierto para reforma eléctrica© Proporcionado por Milenio Diputados alistan calendario de parlamento abierto para reforma eléctrica

En Parlamento abierto el director general de Intermediación de Contratos Legados (ICL) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mario Morales Vielmas, afirmó que la iniciativa de reforma busca corregir las ilegalidades que surgieron en 1992 y las regulaciones “perversas” de 2013, la simulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y ordenar los criterios de despacho que no reflejan los costos reales de generación.

El director general de ICL también resaltó la concentración de grupos empresariales en el país, como Saavi, Naturgy, Mitsui y Enel, siendo Iberdrola el mayor jugador. Con la Reforma Eléctrica, la CFE tendría el 54 por ciento de la generación y el 46 por ciento el sector privado.

​Cuestionado sobre la capacidad de generación de energía limpia de la CFE, indicó que México solo genera con carbón el 9 por ciento, mientras que otros países como Rusia, es el 15.8 por ciento; Estados Unidos, 24.5; Alemania, 31.8; China, 66.1 e India con un 73.2 por ciento.

Respecto a las Subastas de Largo Plazo, puntualizó que el esquema de Mercado y Subastas de la LIE de 2013 generó que los costos de las tecnologías renovables sean más atractivos ya que no consideran los asociados a sus intermitencias y además tienen asegurado el despacho de su energía eléctrica.

Por su parte, la jefa de Oficina del Jurídico de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Nancy Jiménez, ahondó sobre los amparos, donde el Poder Judicial los otorga argumentando violaciones a los derechos humanos, ambientales y al consumidor, demostrando desconocimiento en la materia y dejando a un lado el interés general.