Sedetus vuelve a incumplir con el Programa de Vivienda Digna

Una vez más la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) incumplió con el Programa de Vivienda Digna.

La protesta social es latente, porque además de las 140 familias afectadas, ahora hay 11 habitantes de escasos recursos defraudados con 90 mil pesos adicionales.

Hace más de cuatro años las familias pagaron 27 mil pesos para acceder a “Vivienda Digna”, subsidiada por el Gobierno Federal y Estatal, en beneficio de las comunidades de Xulhá, Cacao, Juan Sarabia, Tres Garantías, Sergio Butrón Casas y Nachicocom.

Pero a 64 días de concluir la presente administración estatal, no se han entregado las casas.

El 25 de mayo pasado un grupo de aproximadamente 40 habitantes de las comunidades citadas se manifestaron frente a la Sedetus para exigir la conclusión del Programa de “Vivienda Digna».

Para evitar mayor protesta social, el subsecretario de Vivienda, Carlos González Pacheco, se comprometió a retomar la ejecución de acciones de vivienda a partir del 8 de junio. Iniciaría en Sergio Butrón Casas.

Fue así pero en menos de una semana la constructora se retiró porque Sedetus no solventó los gastos y honorarios. Apenas construyeron cuatro casas.

La inconformidad aumentó porque 11 habitantes de escasos recursos obtuvieron apoyo de 90 mil pesos mediante el Programa Ampliación de Vivienda y autoridades de la Sedetus les convencieron de otorgárselos para ejecutarles en sus patrimonios.

Inclusive, cuando los beneficiados acudieron a conocida sucursal bancaria, afuera les esperaron trabajadores de Sedetus para recoger el dinero y se les entregaron recibos sin validez oficial.

Sin embargo, no fue así porque hasta ahora tampoco ha aplicado ese beneficio que debiera consistir en una casa con sala, cocina-comedor, una habitación con su baño. Iba a ser entregada en máxime seis meses aunque ya pasaron más de cuatro años.

Este lunes una comisión de los afectados se manifestó frente al Palacio de Gobierno en busca de audiencia con el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, lo cual no ocurrió.

Hicieron lo propio ante el Poder Legislativo, pero no hubo quien les atendiera.

Reyna González Orozco y Ana Victoria Morales Negrón, de las comunidades de Tres Garantías y Juan Sarabia, respectivamente, criticaron tal situación, porque el riesgo de perder sus recursos, y por ende, el beneficio de vivienda, es altamente posible.

Pues con el cambio de administración estatal es inminente que al asumir funciones como gobernadora del Estado, María Hermelinda Lezama Espinoza, no reconocerá pendientes de su antecesor Carlos Joaquín González.

Los inconformes se retiraron. Antes advirtieron que retornarán con todos los afectados para realizar acciones de protesta social extremas para obligar al Estado a cumplir.