Las presiones a las finanzas públicas de México aumentarán el año entrante. El presupuesto que se prevé destinar en 2023 para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el que más recursos absorberá del gasto público, y el segundo con mayor crecimiento de entre los programas prioritarios del gobierno federal, y se prevé que continúe esta tendencia dada la ampliación de los beneficios en marzo del año pasado.
Para 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé destinar 303,700 millones de pesos (mdp) para el programa de pensiones no contributivas, lo que representa un crecimiento de 27.5% en comparación con lo que se prevé erogar por este concepto al final de este año. Del presupuesto destinado a 19 programas prioritarios, el de pensiones representa el 38%. Casi 4 de cada 10 pesos que se destinarán a este presupuesto se irán a Adultos Mayores
Este es el segundo crecimiento más alto de los programas, luego del alza de 50% que se prevé para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, pero el presupuesto para este, de 30,056 mdp, apenas representa una décima parte del de Pensión para el Bienestar. En promedio, todos los programas crecerán 7.3%, detalla una estimación de Expansión con cifras de los PreCriterios Generales de Política Económica 2023, que es la guía y el documento previo para el diseño del paquete económico del próximo año.
El crecimiento previsto para las pensiones no es igual al de otros programas porque obedece a distintas necesidades, en específico a la reducción de edad para los beneficiarios y a montos mayores por cada ayuda mensual, explicó Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En marzo de 2021 se anunció que se dará la pensión universal a partir de los 65 años en el país, cuando antes la edad era de 68 para personas que viven en zonas urbanas, y de 65 para quienes viven en zonas indígenas.
Además del objetivo de llegar a los 3,000 pesos mensuales por cada apoyo en 2024, estando en un nivel de 2,450 pesos. Esto absorberá cada vez más recursos del presupuesto público, en un contexto en el que se están activando otras presiones derivadas de apoyos que antes no se daban, como transferencias a Pemex o el plan contra la inflación anunciado la semana pasada, explicó Macías.
Proyecciones del CIEP estiman que se requerirá de un presupuesto equivalente a 1.9% del PIB para que en 2024 puedan atenderse a 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país. Esto implica que el gasto total en pensiones contributivas (IMSS e ISSSTE) y no contributivas (Pensión del Bienestar) se ubicará en 6.5% del PIB, lo que representa importantes retos en cuanto al financiamiento y a la distribución de recursos públicos, que en el contexto tras la crisis de COVID limita que se redirijan recursos al sector salud o educación.
El incremento se da también cuando los programas para atender la primera infancia y para la niñez se ven reducidos para el siguiente año, ‘una población que se ha visto seriamente afectada por el cierre de escuelas, lo que hacia mediano y largo plazos puede ser perjudicial para la economía”, comentó la directora del CIEP. Destacó que el gasto en inversión es más redituable para impulsar la economía a diferencia de apoyos en efectivo.
De acuerdo con Hacienda, entre los programas sociales de mayor incidencia destaca el programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, que ha beneficiado a cerca de 9.3 millones de personas, y que en 2022 espera lograr una meta de cobertura de 10.3 millones de personas. Este programa tiene un presupuesto equivalente a la suma de los seis programas más robustos: Medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social; Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros a cargo de Turismo; Atención a la Salud; Beca Universal para estudiantes de educación media superior y básica Benito Juárez, y Sembrando Vida..